Los aportes se concretaron en febrero, un mes después de que estallara la crisis por la frustrada adquisición estatal de la casa del expresidente Salvador Allende.
Según consignó Ex-Ante, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) aprobó en febrero la transferencia de $660 millones a la Fundación Arte y Solidaridad, entidad que administra el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA). A este monto se suman otros $98 millones otorgados a la Fundación Salvador Allende en el mismo mes, elevando a casi $400 millones el total recibido por esta última fundación durante el actual gobierno.
La resolución fue firmada el 4 de febrero, apenas un mes después del escándalo generado por la fallida compraventa de la residencia de Salvador Allende ubicada en calle Guardia Vieja. Los recursos, según el documento oficial, ya fueron depositados y están destinados a labores de conservación, restauración y registro de obras, desarrollo de exposiciones, programas educativos y gestión institucional del MSSA.
Además, se financiará un programa de pensamiento y debate, con seminarios y charlas, así como la sistematización del archivo del museo y mejoras en su mobiliario físico y digital. El plan fue aprobado por el Congreso como parte del presupuesto 2024, con el respaldo de 62 diputados de distintos sectores políticos, mientras que 38 votaron en contra y 4 se abstuvieron.
De los $660 millones asignados a Arte y Solidaridad, un 75% ($495 millones) será destinado a gastos en personal, con una dotación actual de 28 funcionarios. Otros $161 millones serán utilizados en bienes y servicios, y $2,7 millones en activos no financieros. El convenio establece que la fundación deberá cumplir con la totalidad de las actividades comprometidas, permitiéndose sustituir hasta un 10% de ellas con aprobación previa del Serpat.
El directorio de la fundación está compuesto por representantes del gobierno y de la Fundación Salvador Allende, incluyendo al exministro Ricardo Solari, quien lo preside. Uno de los representantes designados por la FSA es el arquitecto Genaro Cuadros, imputado en la investigación penal por la fallida compraventa del inmueble del expresidente.
El acuerdo prohíbe el pago de honorarios a funcionarios del Serpat y establece un límite salarial que no podrá superar las 138 UF brutas mensuales (equivalente a $5,3 millones aproximadamente). Si no se ejecutan o rinden todos los fondos, estos deberán ser restituidos al cierre del año.
Estos nuevos aportes elevan a más de $750 millones el monto total transferido por el Ejecutivo a fundaciones vinculadas a la figura de Salvador Allende desde el inicio del gobierno de Gabriel Boric.
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