La Contraloría General de la República ha emitido un informe consolidado que señala una significativa infracción de la ley por parte de 242 municipalidades chilenas, las cuales representan el 70% del total nacional.
Estas han otorgado licencias de conducir a individuos que, según registros oficiales, son deudores de pensiones alimenticias, contraviniendo la Ley N°21.389.
Desde noviembre de 2022 hasta septiembre de 2024, se identificó que 3.432 personas recibieron o renovaron su licencia de conducir a pesar de estar registradas como deudoras de pensiones alimenticias, afectando a un total de 4.706 menores.
La suma adeudada asciende a más de 17 mil millones de pesos.
El informe destaca que seis municipalidades, incluyendo Antofagasta (172 licencias), La Granja (117), Lo Espejo (115), La Serena (114), Punta Arenas (112) y Arica (111), han emitido cada una más de cien licencias a deudores de alimentos.
Además, se reveló que entre los beneficiados por estas licencias se encuentran un concejal, 65 funcionarios municipales en roles de inspección, profesionales y choferes, además de 482 familiares de funcionarios y autoridades.
El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, creado en el año 2002, pretende impedir que los deudores de alimentos puedan obtener o renovar licencias de conducir, entre otras medidas coercitivas.
La ley establece que los funcionarios que aprueben estas licencias a pesar de la prohibición, enfrentarán sanciones disciplinarias, que pueden incluir multas de entre un 10% y un 50% de su remuneración.
TODA LA INFORMACIÓN EN https://www.vlnradio.cl/
MEDIA PARTNER 