35La Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció la activación de su denominado Botón Rojo, abarcando 90 comunas entre las regiones de Coquimbo y Aysén por su mayor vulnerabilidad por riesgo de ocurrencia de incendios forestales.
Lo anterior se basa en las altas temperaturas pronosticadas para esta semana, según explicó el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien detalló que “estamos ocupados porque vienen días complejos” dada “la ola de calor que estaremos experimentando”.
Las zonas involucradas, apuntó el secretario de Estado, constituyen puntos eventualmente críticos que están siendo monitoreados permanentemente por la Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales (Cenco).
Con la activación del Botón Rojo, el organismo identifica aquellos territorios con mayor potencial para la ocurrencia de incendios forestales. Así, se pretende apoyar los procesos de planificación ante escenarios complejos y orientar acciones de prevención.
“Particularmente, hablamos de mayor vulnerabilidad en las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule, aunque el riesgo abarca desde Coquimbo hasta Aysén”, especificó el ministro, agregando que “se ha instruido en esos territorios estar en alerta y con toda la logística, así como también fortalecer el trabajo preventivo y, por cierto, la corresponsabilidad”.
En cuanto a las cifras registradas hasta ahora, Valenzuela, lamentó que “tenemos a la hora un 23% más de incendios que igual fecha del año pasado. Sin embargo, la labor preventiva, la eficiencia y eficacia de Conaf hace que tengamos un 17% menos de hectáreas afectadas”.
En tanto, la directora ejecutiva de Conaf, Aida Baldini, sostuvo que “a la fecha no hemos tenido ningún incendio natural. Por lo tanto, los 600 incendios que llevamos a la fecha son todos ocasionados por personas y eso es lo que tenemos que evitar”.
Cabe señalar que la ley contempla una sanción de cárcel de hasta 20 años como máximo para quien provoque un incendio. Es decir, esta pena aumenta progresivamente si es intencional o accidental, si es con consecuencia de muerte, si es en área silvestre protegida o predio particular. A ello, se suma una multa ascendente que llega hasta los $10 millones.
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